La aplicación progresiva de las duras reformas propició el año pasado que la cuantía de las nuevas prestaciones de retiro bajaran el 1,4% en el País Vasco, casi el doble que en el conjunto de España
Un grupo de jubilados juega a la petanca.
JOSÉ LUIS GALENDE
La caída de las nuevas pensiones de jubilación ya ha comenzado. Tenía que suceder; era esperada desde la reforma que comenzó a aplicarse en 2013, pero hasta 2016 no se ha plasmado en unas prestaciones más bajas que las otorgadas un año antes. En concreto, en el País Vasco la caída ha sido del 1,4%, sensiblemente mayor que el 0,8% del conjunto de España. Un fenómeno sin precedentes en la ya larga historia del sistema público nacional.
En algunos meses de los últimos ejercicios éste era un fenómeno que se venía produciendo cada vez más a menudo, pero hasta el pasado ejercicio no había alcanzado a la media de todo el año. De esta forma, los 1.658 euros al mes que la Seguridad social pagó de promedio en 2015 a los nuevos jubilados pasaron el año pasado a 1.634; es decir 24 euros menos al mes, que representan al año 336 euros (14 pagas).
Se trata de una de las cifras más altas de todas las comunidades autónomas, solo por detrás de Asturias (28 euros al mes) y similar a los 24,5 euros de Canarias. No obstante, como las prestaciones de los jubilados vascos son las más altas de España (en torno a un 18% por encima de la media, en el caso de las nuevas concedidas el año pasado), hay otras comunidades que han registrado porcentajes más elevados de caídas, aunque menores en cuantía mensual. Se trata, por este orden, de Canarias, La Rioja, Cantabria y Navarra, además de la citada del Principado.
Por el contrario, aún perviven tres regiones con crecimiento, aunque ese fenómeno no vaya a tener larga vida; se trata de Baleares (+0,9%), Galicia y Cataluña.
Mayor periodo de cotización
Las citadas bajadas tras cuatro años de aplicación de la reforma -aprobada en 2011, comenzó a ejecutarse en 2013 al cálculo de las cuantías- son consecuencia sobre todo de la ampliación del periodo cotización que se toma para el cálculo de la base reguladora, que a la postre es la que determina la pensión. En 2012 se tomaban los 15 últimos años cotizados para la fijación de la citada base, y desde 2013 esa cifra se incrementa a razón de un año por ejercicio transcurrido, hasta llegar a los 25, cosa que ocurrirá en 2022.
Los otros dos grandes ajustes introducidos por la reforma han sido la elevación gradual de edad de retiro ordinaria desde los 65 hasta los 67 años, y la del periodo de cotización mínimo para tener derecho a una pensión ‘completa’, que pasa de 35 a 38,5 años. En el presente 2017, se toman los últimos 20 años de cotización para calcular la base reguladora; la edad ordinaria de retiro es a los 65 años y 5 meses y el periodo mínimo de cotización para seguirse jubilando a los 65 años y para tener una pensión completa es de 36 años y tres meses.
La caída de 2016 en las nuevas prestaciones de jubilación contrasta con el crecimiento que registraban en 2012. En aquel año, en plena crisis económica y de la Seguridad Social, pero con la regulación anterior, crecían a un ritmo del 5,2% anual. Es decir, en solo cuatro años se ha producido un desvío de casi 7 puntos en la tendencia, lo que anticipa en los próximos ejercicios caídas adicionales a la producida en 2016, que pueden totalizar más de diez puntos hasta 2022.
La bajada de la cuantía de las nuevas pensiones de jubilación tardará aún varios años en trasladarse al conjunto de las pensiones medias en vigor, pero llegará al cabo de los años. Cuando la reforma que la ha provocado alcance su madurez, terminará por suceder, máxime cuando los incrementos anuales de las prestaciones en vigor van a estar en el 0,25% durante varios ejercicios, según las previsiones más realistas, dados los problemas financieros de la Seguridad Social.
Unos problemas financieros que debate el Congreso de los Diputados en la Comisión del Pacto de Toledo, en un proceso que deberá proponer soluciones a corto plazo, dado que es previsible que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agote este año, lo que obligará al organismo a endeudarse para abonar las prestaciones.
Se trata de un debate que se ha trasladado a la sociedad, y que esta misma semana ha dejado dos ‘perlas’ que merecen ser tenidas en cuenta por los defensores del sistema público. Por un lado, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, apostaba en tono catastrofista en una entrevista con un medio de comunicación escrito que era urgente retrasar la edad de retiro a los 70 años para que las pensiones mantuvieran un nivel digno; y, por otro, pocas horas después, representantes de las entidades que gestionan fondos privados de pensiones proponían que la Seguridad Social aportara un 2% de la recaudación y los trabajadores otro 2% de su salario para que fueran gestionados de forma privada como complementos futuros. Ahí es nada, unos 4.000 millones de euros al año.
En cualquier caso, pocos piensan que deban adoptarse nuevas medidas que añadir a las que ya están en marcha hasta que finalicen los periodos transitorios de aplicación de la actual reforma, y que finalizan en 2022 (periodo de cálculo de 25 años) y 2027 (edad de retiro a los 67 años y periodo mínimo cotización para tener una pensión completa 38,5 años).
