Es uno de los 300 casos de reclamación de indemnizaciones a contratados temporales en el Servicio Vasco de Salud que se van a presentar en los tribunales
Una enfermera atiende a una paciente.
J. L. G
La polémica entre centrales sindicales y Administraciones vascas se encona ante elevada temporalidad e interinidad en el sector público. El sindicato ELA anunció ayer que presentará a principios del próximo año 300 reclamaciones de indemnización de contrataciones temporales en Osakidetza, después de que el Tribunal de Justicia de la UE resolviese que su cuantía debe ser similar a la de los indefinidos. Entre ellas destaca la de una trabajadora que acumuló 141 contratos en cuatro años
La central que dirige ‘Txiki’ Muñoz explicó en un comunicado que las consultas relacionadas con la contratación temporal en las administraciones ha crecido «exponencialmente» también tras la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que declara la condición de indefinida no fija para una trabajadora contratada «fraudulentamente» y prevé la indemnización cuando su contrato finalice «correctamente».
Según desveló, hasta diciembre la central ha recogido 70 reclamaciones a Osakidetza y la previsión para el próximo mes de enero es presentar unas 300.
ELA denunció que las situaciones objeto de reclamación son «muestra de la precariedad laboral que practica Osakidetza». El caso más relevante es el de una auxiliar de enfermería, para la que demanda la indemnización que corresponde por los 141 contratos que ha tenido en los últimos cuatro años. En concreto, la trabajadora tuvo 23 contratos en 2013, 43 en 2014 y 42 en 2015.
La primera central vasca considera que «es un escándalo» la baja calidad del empleo «que oferta una administración pública como Osakidetza». Sus reclamaciones judiciales, arguye, «pretenden acabar con esta precariedad y construir un nuevo modelo de servicio público de calidad basado, a su vez, en empleo digno y estable». Con estos antecedentes, la central nacionalista, ha emplazado a la nueva directora general del servicio vasco de salud, María Jesús Mugika, a la apertura de una negociación «para reducir la temporalidad sustancialmente».
En la actualidad, recordó, la tasa de temporalidad en este organismo «supera el 40% y afecta a más de 14.000 personas». Según sus estimaciones, 4.000 de estos casos son «temporalidades fraudulentas».
ELA insistió en que «la solución a este problema es la negociación» y no las reclamaciones judiciales. Además, advirtió de que las indemnizaciones por ceses de contratos temporales «serían muy inferiores si la temporalidad no fuese del 40%».
Aunque no se conocen cifras oficiales, algunas fuentes han estimado que las sentencias que otorgan mayores derechos de indemnización a los trabajadores temporales e interinos de las administraciones públicas pueden costar decenas de millones de euros al Gobierno vasco.
