El Ejecutivo autonómico, que rompe así el acuerdo de Acción Sindical, ha indicado que las medidas se aplicarán “de manera inminente”.
El Gobierno balear anunció la semana pasada la eliminación de todos los liberados sindicales institucionales de la comunidad autónoma (89 en total), de los créditos horarios que superen los mínimos fijados por la Ley Orgánica de Libertad Sindical, así como las subvenciones a organizaciones sindicales, denominadas Fondos de Acción Social.
En un comunicado hecho público el pasado martes, el Ejecutivo autonómico ha indicado que estas medidas se aplicarán “de manera inminente”.
Según la nota del Gobierno balear, la Dirección General de Función Pública ya ha informado sobre estas acciones a los representantes de los sindicatos firmantes del acuerdo de Acción Sindical de 2006 (Cemsatse, UGT, STEI-I y CCOO), así como a los que se adhirieron al mismo con posterioridad (USO, ANPE, CSIF y SAE).
De esta forma, se plantea la supresión de todas las licencias relativas a la dispensa de asistencia al trabajo, que no tengan su origen en la acumulación de horas. En la práctica, se traduce en la eliminación de la figura del ‘liberado sindical institucional’ que, tal como recuerda la nota de la Administración autonómica, “son los que permite el Govern para su representación institucional en órganos de diálogo”.
En total, la comunidad autónoma balear tiene 89 liberados institucionales: 31 en el ámbito sanitario, 34 en Educación y el resto en servicios generales.
En paralelo, existe un grupo de 221 liberados por créditos de horas (los que acumulan horas de representación sindical cedidas por sus compañeros) que no se verán afectados por los cambios anunciados.
Por otro lado, el Gobierno balear también preve “ajustar el crédito horario atribuido a los miembros electos y a los delegados sindicales en la escala regulada en el Estatuto de los Trabajadores y en el EBEP”.
Ni subvenciones, ni locales sindicales
El conjunto de medidas anunciadas por el Ejecutivo balear incluye, así mismo, la supresión de los Fondos de Acción Sindical, destinados anualmente por la comunidad autónoma a los sindicatos comprendidos en el ámbito de aplicación del acuerdo de 2006. En ese texto, se fija un montante de 205.495 euros en concepto de subvenciones a las organizaciones sindicales.
Se plantea la eliminación de los locales sindicales para uso exclusivo
En concreto, las partidas a eliminar serían de 68.906 euros para los sindicatos con representación en el ámbito funcionarial y de la enseñanza pública no universitaria; 40.610 euros entre las organizaciones sindicales de Servicios Generales de la comunidad; 68.906 euros de las centrales sindicales del ámbito sanitario y estatutario; y 27.073 euros de los sindicatos del área laboral de la administración autonómica.
Igualmente, se plantea la eliminación de los locales sindicales para uso exclusivo de cada sección sindical u órgano de representación. La nota oficial publicada en la web de la CAIB señala que esta medida “ya se está materializando, con la adecuación de un local de 300 metros cuadrados en Palma” y supondrá el “ahorro de 41 mil euros anuales a las arcas públicas en concepto de alquiler de cuatro locales en uso actualmente por parte de UGT, USO, CCOO y CSIF.
Pendiente de ratificación en el Consell de Govern
El acuerdo del equipo de gobierno presidido por José Ramón Bauzá (PP) deberá aprobarse en una próxima reunión del Consell de Govern. La Dirección General de Función Pública de la comunidad autónoma de Baleares ha justificado su paquete de acciones respecto a los sindicatos en la aplicación del artículo 38.10 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP).
Según el Gobierno balear, el EBEP permite suspender o modificar el contenido de los pactos o acuerdos ya firmados “siempre que esté motivado por una causa de grave interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas”.
Con la aprobación de estas medidas, el Gobierno balear dejará “en suspenso” el acuerdo de Acción Sindical. La intención, en palabras del Ejecutivo balear, es suprimir “todo lo que suponga un incremento de los mínimos que vienen fijados en el Estatuto de los Trabajadores, el Estatuto Básico del Empleado Público y la Ley Orgánica de Libertad Sindical.
Fuente: diario Público
