Concejos de la zona rural alavesa

Los concejos de Araba pasan desapercibidos para la inmensa mayoría de la población. No obstante, tras estas entidades locales desconocidas para muchos se hallan 335 juntas administrativas que tratan de afrontar las dificultades cotidianas con una organización asamblearia, reivindicando la democracia participativa como modelo de gestión política.

Ion SALGADO

Pocas personas conocen el funcionamiento interno de un concejo. En Araba la mayor parte de la población, concentrada en la capital y en un puñado de núcleos urbanos más, vive de espaldas a sus 335 concejos, unas entidades locales organizadas de manera asamblearia. Un millar de «voluntarios» se encarga de gestionar el día a día de 34.000 vecinas y vecinos, defendiendo la democracia participativa como modelo político.

Hace ya quince años los concejos decidieron unir sus esfuerzos y aspiraciones. Fue en diciembre de 1996, cuando se formó la Asociación de Concejos de Araba (ACOA-AKE), una agrupación encargada de defender los intereses de las entidades locales y que tiene por objeto representar a sus socios ante las diferentes administraciones competentes en el herrialde. Su presidente, Javier Argote, defiende la presencia de los concejos en la organización administrativa alavesa, y lamenta que la población de Gasteiz desconozca una realidad tan viva en la periferia de la propia ciudad.

Para tratar de paliar esta situación, ACOA-AKE presentó hace unos meses la iniciativa «La democracia real ya existe en nuestros pueblos». El lema alude al 15-M y con él se reivindica el sistema asambleario presente en los concejos. Argote puntualiza que un concejo no es sólo «una entidad local de carácter territorial con personalidad jurídica y capacidad de obrar, que goza de plena autonomía para la gestión plena de sus intereses», como detalla la definición recogida por ACOA-AKE en su portal digital. Para el portavoz y presidente de la asociación, estas entidades, diferenciadas de los propios ayuntamientos con los que comparten espacio geográfico, son en sí mismas «unas asambleas de vecinos elevadas a entidades locales». «Somos asamblearios, por lo que cada vecino decide lo que se hace», destaca con orgullo a la vez que defiende la importancia de que sigan perviviendo.

Según explica, los concejos se encargan de garantizar los servicios básicos de todos sus residentes. Y recuerda que sus cuentas están saneadas si se comparan con las de sus hermanos mayores, los ayuntamientos. «Nuestra economía está mejor porque nosotros sólo gastamos si tenemos dinero», afirma. Pero esta situación de liquidez se ha ido complicando durante los últimos meses, ya que el nuevo equipo de gobierno de la Diputación, presidida por el PP, ha decido emplear los doce millones de euros previstos en el Plan Foral de Obras y Servicios para tapar la deuda acumulada por los consistorios en el Fondo de Estabilización de las Participaciones de las Entidades Locales (FEPEL).

Esta situación ha puesto contra las cuerdas a los concejos, que ven cómo las partidas destinadas a sufragar las obras locales han pasado a saldar la deuda acumulada por los ayuntamientos. «Pagamos lo que han generado otros», comenta con enfado Argote, que mira con recelo al Fondo de Financiación de las Entidades Locales (FOFEL), la única vía de oxígeno para los concejos. Una válvula dañada por los recortes efectuados por el PP en el presupuesto foral para 2012.

De todos modos, con financiación o sin ella, el presidente de los concejos alaveses tiene claro que el próximo trimestre ACOA-AKE seguirá trabajando para difundir su modelo organizativo ante la sociedad. «Hace falta que se nos conozca para poder extrapolar nuestro modelo a otras instituciones», sostiene. Y espera que en el nuevo año la ciudadanía y los medios de comunicación comiencen a diferenciar entre los dos modelos de entidades locales presentes en Araba: ayuntamientos y concejos.

GARA