Después de estar varios meses anunciándolo, y tras distintos borradores, el Consejo de Ministros del 18 de julio de 2014 aprobó el Proyecto de Ley de Mutuas. Los cambios recogidos en dicho texto suponen un paso más en el proceso de privatización del sistema público de salud iniciado hace años, dándoles mayor poder a las mutuas.
En primer lugar se propone un cambio de denominación: las “Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales” pasan a ser “Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social”, es decir, se “oficializa” la ampliación de su actividad a la gestión de las contingencias comunes (accidentes no laborales y enfermedades profesionales).
En segundo lugar se elimina el requisito de proteger obligatoriamente las contingencias profesionales a los trabajadores autónomos, el llamado “cese en la actividad”.
En materia de Incapacidad Temporal, las mutuas tendrán mayor poder para controlar, hacer seguimiento y presionar para dar fin a la situación de baja, en el caso de que la empresa tenga concertada con una mutua la gestión de la IT por contingencia común. Van a contar con más instrumentos para intentar acortar dichas bajas desde el primer día, puesto que anteriormente solo podían actuar desde el dia 16. En los últimos años las mutuas han ido asumiendo cada vez más competencias. Sólo les falta dar altas médicas. De hecho, ésta es la histórica aspiración de la patronal y no pararán hasta conseguirlo
Por otro lado se produce un ataque al servicio publico de salud, cuestionando la profesionalidad de sus médicos y sobrecargándolos. En la práctica, serán las mutuas las que supervisen el trabajo del personal médico del sistema público, que se verán sometidos a una gran presión para que respondan a las propuestas de alta en el menor plazo posible, en una situación en la que su carga de trabajo ha aumentado de forma considerable como consecuencia de los recortes aplicados.
Todo esto va a tener una incidencia negativa sobre la salud de las y los trabajadores. Las reformas y los recortes de los últimos años están mermando la salud laboral de la clase trabajadora (mayor presión, miedo al despido, aumento de los riesgos psicosociales…). El absentismo laboral no es el problema. Las y los trabajadores tienen miedo a coger la baja, y los datos muestran que precisamente han aumentado los accidentes y enfermedades sin baja. Tenemos que recordar que la falta de asistencia al trabajo, aún estando justificada por una situación de IT puede ser objeto de despido objetivo tras la última reforma laboral.
Se le otorga más poder a la patronal, aumentando la desprotección de las y los trabajadores frente a los abusos de las mutuas. Estas entidades actúan bajo criterios exclusivamente economicistas, frente a la función pública que tienen encomendada legalmente, que es la de velar por la salud laboral de las y los trabajadores de las empresas asociadas. Son conocidas las prácticas irregulares y la presión que ejercen sobre las personas trabajadoras para ahorrar costes, y no tenemos que olvidar que las mutuas son entidades patronales gestionas por las empresas adscritas a las mismas y sus equipos directivos son nombrados por el mundo empresarial. Esto explica su connivencia con las y los empresarios a la hora de interpretar y aplicar la normativa correspondiente en todas y cada una de las decisiones que adoptan. Un claro ejemplo de esto lo tenemos en la figura del Sr. Lujua, presidente de Confebask y gerente a su vez de Mutualia, la mutua principal de la CAPV.
Por último, las medidas propuestas para regular el control de las mutuas son insuficientes. En las últimas semanas varias mutuas se han visto envueltas en casos como el de Fremap, a la que la Seguridad Social le reclama 43,2 millones por gastos indebidos; Mutua Universal, al que un un juzgado de Barcelona ha procesado a 11 exdirectivos por un fraude de 200 millones o Umivale, con tres directivos imputados por fraudes al instituto público. Es la estructura y el propio sistema de funcionamiento de las mutuas, en tanto en cuanto son entidades privadas que gestionan mucho dinero público, lo que favorece este tipo de actuaciones. La reforma les dota de mayor autonomía y menores controles.
Habrá que esperar al trámite parlamentario de las Cortes Generales para conocer cómo queda el contenido final de este Proyecto de Ley, aunque no son previsibles cambios sustanciales.
Se pueden frenar estos ataques vía negociación colectiva, para ello es necesario la organización en el centro de trabajo. Es hora de luchar.
