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En 2015 fue arrestado un comando anarquista y uno de sus miembros lleva más de un año en prisión, pero todo se apoya en la polémica formulación del delito y en pruebas dudosas.
IÑIGO DOMÍNGUEZ
Una nota de prensa del Cuerpo Nacional de Policía informó el 5 de noviembre de 2015 de la Operación Ice, el arresto en Madrid de seis jóvenes acusados de formar un peculiar grupo terrorista anarquista y vegano, que rechazaba las drogas y el alcohol, llamado Straight Edge. Su siglas, SXE. Decía que habían atacado sucursales bancarias y que tenían material para fabricar explosivos. El caso luego cayó en el olvido y la situación hoy es la siguiente: uno de ellos, Juan Manuel Bustamante, alias Nahuel, 26 años, sigue en prisión en el régimen más duro, como presunto terrorista; se le aplica la dispersión, ha pasado ya por cinco centros penitenciarios y ha sido denegada su libertad cuatro veces; están todos a la espera de juicio y de petición fiscal, que con cuatro graves delitos asociados al terrorismo pueden llegar a sumar penas mínimas de 35 años. Pero, sobre todo, la lectura del sumario siembra muchas dudas acerca de la base de las acusaciones, los ataques a bancos.
Que surjan nuevos y misteriosos grupos terroristas en España es algo relevante, pero analizar en qué consiste exactamente esta nueva amenaza resulta muy desconcertante: vuelve a cuestionar lo que se engloba dentro del delito de terrorismo. Este debate ha surgido ya con el caso de la paliza a dos guardias civiles y sus parejas en Alsasua, pero este asunto es aún más llamativo y ha pasado muy inadvertido. La juez que ha instruido el caso es la misma, Carmen Lamela.
El hecho violento que se atribuye a los detenidos es la quema de dos sucursales bancarias en 2013 y 2015 en Madrid, aunque en el sumario no hay ni una sola prueba de su participación directa. El hecho de que apareciera en el lugar una pintada del grupo dos semanas antes, que colgaran en las redes sociales fotos de bancos con llamamientos a sabotearlos y que uno de los detenidos viva cerca de allí, llevó a los agentes a “la convicción” de que habían sido ellos. Eso se ha unido en la argumentación a que su ideología, sus proclamas en Twitter y Facebook contra la autoridad y los bancos, así como varios vídeos que publicaron en YouTube, pretenden “subvertir el orden constitucional”. La unión de estos dos elementos, con la ley actual en la mano y una interpretación muy amplia, ya permite hablar de un acto terrorista, según el juez que lo interprete.
El material para explosivos hallado en los registros se compone de botes de humo, bengalas y petardos, “productos industriales de libre comercialización”, según concluye el informe policial. Si bien señala que la pólvora que contiene, “confinada en el recipiente adecuado tiene comportamiento explosivo” en un artefacto de fabricación casera. En todo caso no se atribuye a este grupo la colocación de ninguno. Las sustancias confiscadas resultaron ser de cocina y limpieza, y “no son idóneas por sí solas para la elaboración de artefactos explosivos o incendiarios”, aunque los peritos señalan que podrían ser manipuladas para fabricar “bombas de humo”.
En contra de los acusados, y sobre todo del que continúa en prisión, han pesado también argumentos como que simpatizan con el movimiento okupa y que han participado en manifestaciones como Rodea el Congreso y Marcha por la Dignidad. Bustamante había sido detenido en tres ocasiones, acusado de participar en altercados en estas movilizaciones.
Straight Edge, algo así como camino recto, es una tendencia que nace en Estados Unidos en los setenta y toma nombre de una canción con ese título de un grupo de hardcore punk de los ochenta llamado Minor Threat. Nace en los círculos punks y anarquistas como respuesta al abuso de alcohol y drogas predominantes en ese mundo. “La libertad no se fuma, no se bebe, ni se esnifa; la libertad se conquista”, dice la web del colectivo SXE en Madrid, un puritanismo que en realidad entronca con la tradición original anarquista, que ve en el alcohol una forma más de dominio de las voluntades del capitalismo. A ello unen la dieta vegana, el respeto por los animales y el antiespecismo, es decir, la negación de que haya una especie, la humana, superior a otras. Los miembros del grupo de Madrid, que tienen ahora entre 20 y 26 años, se conocieron en torno a las movilizaciones del 15-M, pero se fueron alejando por sus ideas, más radicales. Quieren hacer frente al “sistema” y a “una realidad mediocre”. Se consideran antifascistas y libertarios. La juez considera que con su propaganda en redes sociales «tratan siempre de erosionar el prestigio y la credibilidad del Estado y en particular, de sus Fuerzas de Seguridad» y llaman a usar la violencia. El hecho de que funcionen como grupo, fundado en abril de 2013 según el auto de procesamiento, se traduce para la magistrada en que constituyen una organización. En ese esquema, Bustamante sería el líder.
Las familias de los procesados organizan protestas periódicas, se concentran una vez a la semana en la Puerta del Sol para pedir la libertad de Nahuel y consideran lo ocurrido una grave injusticia. «Cuando lo cuento la gente me mira con escepticismo, pensando que algo habrán hecho, si les acusan de ser terroristas, y qué otra cosa voy a decir yo, que soy su madre, pero cuando les paso el sumario no se lo creen. Es un disparate, no hay absolutamente nada, ninguna prueba, solo por lo que dicen en las redes sociales. Yo creía en la policía y en los jueces, estudié derecho, he sido abogada, pero con esto se me ha caído una venda de los ojos», se sincera Natalia Bosch, madre de Candela Betancor, que está entre los detenidos.
Tres juristas expertos en delitos de terrorismo han analizado el auto de procesamiento y coinciden en su perplejidad. “Tengo la impresión de que es un caso más de banalización del concepto de terrorismo, donde se aplica todo el dispositivo pensado para Daesh o ETA a grupos que pueden causar disturbios, daños, pero sin que aparezca la violencia contra las personas. La reforma del año pasado hace posible esto y mucho más, ha desdibujado por completo el concepto de terrorismo”, afirma Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid. Sostiene que el nuevo artículo 573 da cabida a múltiples supuestos que “con la jurisprudencia, la regulación anterior y el sentido común no sería posible identificar como terrorismo”. Opina que en el auto de procesamiento «se habla de ideología, de tuits, de libros, y muy poco de lo que debería ser protagonista: qué explosivos tenían, qué delitos habían realizado y cuáles estaban planificando, no veo por ningún lado delitos graves aptos para ser calificados de terrorismo, que conlleven penas de al menos cinco años”.
José Luis Díez-Ripollés, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Málaga, confirma que los últimos cambios legales «están permitiendo considerar grupo criminal a meras actuaciones de codelincuencia». «Es cierto que, con conceptos tan amplios, podemos estar ante un grupo, o incluso organización criminal, incluso terrorista si se aceptara que tienen uno de los fines tradicionales, el de subvertir la paz pública, pero el relato de indicios alude a actuaciones muy inconcretas, que, no por casualidad, se centran casi en exclusiva en acciones en las redes sociales». «Lo que consta más bien -concluye- es un colectivo dedicado en las redes sociales a propagar la ideología anarquista, sin que conste suficientemente que haya pasado de eso».
Para Carmen Lamarca, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Carlos III de Madrid, el auto “es una auténtica locura”. “Puede ser un grupo antisistema que preconice cosas que la libertad de expresión ampara sobradamente, otra cosa es probar que cometa delitos y use la violencia, y aquí me parece muy discutible”.
Este nuevo y resbaladizo escenario legal se debe a la reforma del Código Penal de marzo de 2015, en un pacto de PP y PSOE contra el yihadismo, que modificó la definición de terrorismo. Ya no se piensa en combatir organizaciones al estilo clásico, sino en individuos o grupos pequeños, y ahora lo relevante es el objetivo que persigan con cualquier acto violento, al margen de su entidad. Es decir, si pretenden subvertir el orden constitucional, alterar la paz pública o causar terror en la población. En esencia, en el caso de Straight Edge Madrid, al margen de las pruebas reales del acto violento, se teoriza que intentan subvertir ese orden constitucional a base de quemar cajeros y bancos. “El atentado del que se les acusa, además, es de escasa entidad, sin daños personales, y no se puede decir que haya alterado la paz pública porque ni salió en la prensa”, apunta Daniel Amelang, uno de los abogados de los detenidos. «Es el llamado derecho penal del enemigo, se te acusa más por lo que eres que por el hecho en sí», corrobora Eduardo Gómez, otro de los letrados.
Tras el fin de ETA, está en pie desde hace tres años una ofensiva policial contra el llamado mundo «anarquista insurrecionalista», en la que se está utilizando la nueva formulación de terrorismo, y la de Madrid fue la última de cinco grandes operaciones. En total, han llevado al arresto de 46 personas acusadas de terrorismo. La alarma saltó con las dos bombas caseras colocadas en 2013 en la catedral de La Almudena, en Madrid, que no llegó a explotar, y en la basílica del Pilar de Zaragoza, que causó daños materiales y secuelas en el tímpano a una mujer. El director general de la Policía, Ignacio Cosidó, entonces fue tajante: declaró que la lucha contra el anarquismo era “una prioridad”. Los arrestados de las sucesivas operaciones han sido acusados de terrorismo y se ha establecido una relación genérica con los responsables del atentado de Zaragoza, bajo el aglutinador de las siglas GAC (Grupos Anarquistas Coordinados). En el caso de Straight Edge Madrid, los detenidos simplemente tenían unos folletos de esta agrupación.
Sin embargo, los acusados de la bomba del Pilar, arrestados en noviembre de 2013 en la primera operación, bautizada Columna, acabaron condenados a 12 años de cárcel el pasado mes de marzo, pero la sentencia no admitió que formaran parte de una organización terrorista. Y este viernes el Tribunal Supremo ha rebajado la pena a cuatro años y medio. Si este es el listón judicial, con una bomba y una clara identificación de los autores, habrá que ver en qué queda todo lo que ha venido después. «Para los técnicos de Derecho es obvio que es una aberración», opina Cancio sobre la interpretación que se está haciendo del delito de terrorismo, «no existe nada similar en los países de nuestro entorno”.
En octubre de 2015, una semana antes de la operación desplegada en Madrid, otra llamada Pandora 2 terminó con nueve detenidos en Barcelona, pero ha sido archivada este verano con un rapapolvo a los Mossos d’Esquadra por la falta de indicios en registros y escuchas: «El único resultado obtenido por los investigadores es la comprobación de que los investigados se relacionan con personas del colectivo anarquista”. Las otras dos operaciones a la espera de juicio en la Audiencia Nacional son la Pandora 1, de diciembre de 2014, y la Piñata, de marzo de 2015.
