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Limpiadoras, telefonistas, reponedores… así les impusieron convenios leoninos estas 42 empresas señaladas por la justicia. Crecieron en 10.000 trabajadores (un 70%) gracias a la reforma laboral
RAFAEL MÉNDEZ | ADRIÁN BLANCO | DANIELE GRASSO
Negociar un convenio colectivo nunca fue tan sencillo. A un lado de la mesa estaba Jorge Álvarez Rodríguez, director comercial de Adecco Outsourcing, en representación de la empresa. Al otro, y en nombre de los trabajadores, se sentaba Jaime Alcubilla Abada, que a su vez era director financiero de la empresa. Estamos en noviembre de 2012. La reforma laboral ha entrado en vigor hace seis meses con un cambio fundamental: ahora prevalece el convenio de la empresa sobre el del sector. Así que si los trabajadores acuerdan rebajar sus salarios por debajo del mínimo del sector, ya es legal. El único suelo es el salario mínimo interprofesional. Álvarez y Alcubilla, director comercial y director financiero, firman un convenio leonino. El sueldo mínimo lo fijan en 9.100 euros en 14 pagas (650 euros cada una), solo 66 euros por encima del salario mínimo de ese año. El sueldo más alto está en 12.781 euros (912 euros al mes, ni mileurista).
Cuando firman el convenio no utilizan la marca Adecco, sino que lo hacen en la empresa Doctus, donde ambos eran apoderados. «En fecha 31 de diciembre 2002, la sociedad dejó de tener actividad, retomándose en el último trimestre del ejercicio 2012», afirma en las cuentas de ese año depositadas en el registro mercantil. Doctus solo tenía siete trabajadores de Madrid, de los que seis votaron a su director financiero como representante de los trabajadores. Tras firmarse el convenio colectivo y publicarse en el BOE, Doctus pasó a llamarse Adecco Outsourcing. Ofrece externalización a empresas. Desde limpieza y reponedores a ‘call centers’. «Mejoramos la productividad de tu empresa a través de las personas», afirma ahora en su web. La empresa no ha contestado a los mensajes de este diario para explicar cómo su director financiero firmó en nombre de los trabajadores un convenio que bordea el salario mínimo.
Un director financiero de Adecco firmó dos convenios como si fuera representante de los trabajadores
En 2015 la empresa ya contaba con 3.621 empleados, un crecimiento espectacular. En enero de ese año, UGT recurrió el convenio a la Audiencia Nacional al considerar que no se había negociado con una auténtica representación de los trabajadores. En marzo de 2015, la Audiencia Nacional dio la razón al sindicato y anuló el convenio. La sentencia no entra en el fondo de los salarios, ni en que un directivo fuese sindicalista, sino en que no había legitimidad en la negociación porque no negociaron representantes de los trabajadores de todos los centros de trabajo.
No acabó ahí. Adecco Outsourcing procedió entonces a aprobar un nuevo convenio. El 18 de marzo de 2015, días después de la sentencia que anulaba el convenio, volvieron a sentarse a la mesa Alcubilla y Álvarez, los mismos directivos que habían firmado el que fue anulado. En una semana tenían un nuevo convenio. Las tablas salariales eran idénticas a las anuladas: salarios de entre 9.191 y 12.909 euros brutos al año para 2015. Alcubilla y Álvarez lo habían vuelto a hacer. Esta vez no mandaron el convenio el BOE sino al Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid. UGT lo cazó y el 10 de junio de este año, la Audiencia Nacional volvió a anularlo.
Adecco outsourcing es una empresa multiservicios. Es un sector que se ha multiplicado con la reforma laboral. Son las empresas que ofrecen a la industria trabajadores a precios tirados. Son las limpiadoras de hotel las que han dado la cara por ellos y han dado visibilidad a esta situación pero hay muchos más: reponedores, control de accesos, carga y descarga, limpiadoras de oficinas, mozos de almacén, telefonistas, peones agrícolas… En general, han proliferado en todos los sectores de bajo valor añadido.
Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras han lanzado una campaña judicial contra ellos y han conseguido anular más de 40 convenios colectivos. La justicia no entra en si eran directivos o si los salarios eran muy bajos: los tumba porque normalmente han usado un «delegado sindical» -aunque fuese un directivo- de un único centro de trabajo y luego lo han aplicado a toda España.
En El Confidencial hemos analizado las cuentas de los últimos ejercicios de estas sociedades con convenios anulados para ver cómo han crecido. De las citadas en este informe de UGT, hay 30 de ellas con la información completa en el registro desde 2011. Desde la aplicación de la reforma laboral, las plantillas de estas firmas han crecido en un 69%, según los datos del registro mercantil analizados por este periódico. En 2015 han empleado a 24.466 trabajadores, frente a los poco más de 14.000 de 2012.
Bernardo García Rodriguez, abogado de UGT que ha conseguido tumbar este y otros convenios colectivos, explica que era habitual firmar un convenio por debajo del del sector cuando en la empresa solo había un puñado de empleados, generalmente directivos o familiares, y con esas condiciones empezar a incorporar trabajadores: “Suele haber un representante de los trabajadores cercano al círculo de la empresa que firma un convenio”. Así, algo que empieza afectando a solo un puñado de trabajadores rápidamente deriva en una cosa que afecta a cientos o miles de ellos. Alliance Outsourcing pasó de 3 trabajadores en 2012 a 66 en 2015, cuando se anuló su convenio colectivo. Expertus Servicios Hoteleros creció de ocho empleados antes de la reforma laboral a 107 trabajadores en solo 4 años.
García Rodríguez cuenta otras historias chocantes. Como el de la empresa Externa Team, con sede en Sevilla y especializada en azafatas y en limpiadoras de hoteles, según su web. El 11 de junio de 2012, cuando solo tenía siete trabajadores, promovió elecciones sindicales. Salió elegida como representante de los trabajadores María Dolores Rodríguez, que es la jefa de Administración, según su web. La demanda de UGT detalla que la lista sindical se llamaba «compañeras de Lola». Unos meses después comenzaron a negociar un convenio colectivoque estuvo pactado en solo unos días. El sueldo más bajo era de 9.539 euros al año. La justicia anuló posteriormente el convenio y dio la razón a UGT y Comisiones Obreras. Pero en 2015 y tras aplicar ese convenio tenia ya 240 personas empleadas de media, según sus cuentas. En plena crisis había pasado de la nada a 240 limpiadoras. La empresa no ha contestado a las llamadas de este diario.
Hay teleoperadores con plus nocturno de 68 céntimos por hora, reponedores que ganan cinco euros…
Este esquema de convenios firmados con comités de empresa inexistentes es lo que a menudo se esconde tras la situación de las limpiadoras de hotel, que en algunos casos cobran solo 2,5 euros por habitación. Los hoteles hicieron ERE de sus limpiadoras y luego recurrieron a estas empresas. Es lo que denunció el presidente de AC Hoteles, Antonio Catalán. «Hoy puedo despedir pagando 20 días por año y empezar a subcontratar. Es lo que hacen los que explotan a las camareras de piso, y lo digo con todas las letras: explotan«, dijo en público y la audiencia entró en shock. No era un sindicalista el que lo gritaba. Tampoco era producto de un periodista ávido de clics. El que denunciaba esa explotación era uno de los grandes empresarios del sector.
Encarni Bonilla, de la Federación de Servicios de CCOO, culpa de esta precariedad a la reforma laboral: «Al eliminar el suelo del convenio del sector, la empresa que no bajaba los salarios por debajo del sector se quedaba fuera de las concursos. En este sector casi todo el coste es mano de obra. Si otro la ofrece más barata se lleva el contrato». Las multiservicios, explica, funcionan ahora como las ETT en los 90, que proliferaron hasta que un cambio legal obligó a pagar a los trabajadores de ETT lo mismo que los de la empresa que los contrataba.
Eso es lo que intenta el Congreso. El martes 20 de diciembre, el pleno aprobó con los votos de PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, PNV y Bildu y la abstención de Ciudadanos una proposición de ley socialistaque va a la línea de flotación de las empresas multiservicios. Solo el PP votó en contra. «Las empresas contratistas y subcontratistas deberán garantizar a los trabajadores afectados por la contrata o subcontrata, durante el tiempo en que presten servicios adscritos a la misma, las condiciones laborales y de empleo esenciales previstas en el convenio colectivo que fuese de aplicación en la empresa principal». Es decir, que una limpiadora de un hotel de una multiservicios, por ejemplo, deberá cobrar lo mismo que si estuviese contratada por ese hotel.
El socialista Valeriano Gómez, exministro de Trabajo con Zapatero, cree que hay que acabar con este sistema que permite que dos empleados que trabajan codo con codo cobren distinto. «La idea fundamental es restaurar el principio de igualdad salarial». Gómez critica que hay convenios con el salario mínimo más un solo euro y destaca que afecta a sectores estratégicos como el turismo: «No puede ser que el futuro del turismo en España pase por ir disminuyendo los salarios y la calidad». La proposición de ley socialista partió de Baleares, cuyo consejero de Empleo es un inspector de Trabajo y conoce la situación en los hoteles.
La desigualdad de salarios se ve cada mañana temprano en muchos centros comerciales. Alcampo, Carrefour o Lidl, entre otros, contratan a reponedores de empresas como CTC Grupo Uno porque su convenio colectivo es de unos 5 euros la hora, por debajo del de los reponedores de plantilla. CTC Grupo Uno es un ejemplo de multiservicios enorme. La fundó José Martínez, un empresario de Barcelona procedente del sector de las ETT, hace más de 20 años. Desde 2006 pertenece a Portobello Capital, un fondo de inversión. En su web explica que entró ahí porque la externalización de procesos es un «nicho de mercado en crecimiento». Factura 150 millones al año y emplea a unos 7.500 trabajadores. En el sector hay fondos de inversión, pero también multinacionales y empresas fundadas por directivos de recursos humanos con vista que intuyeron el filón. Las grandes -Clece, Eulen, Acciona, Ferrovial, Randstad, Adecco…- se acaban de agrupar en una patronal, ESAP, que no ha contestado a las llamadas de este diario.
Martínez es un histórico del sector que conoce cómo ha crecido. Pasó de director de recursos humanos a montar una ETT y luego Grupo Uno: «La temporalidad se tiene que gestionar y las empresas no están para eso». Martínez aporta contexto histórico: «Las multiservicios son una consecuencia de la externalización. Hoy es casi imposible mantener plantillas. Una empresa puede hacer caramelos, que es su núcleo principal, pero no tiene por qué empaquetarlo, almacenarlo y distribuirlo. Esos procesos secundarios se pueden externalizar. Eso permite pasar esos costes fijos a variables. Facturas por unidad y ajustas los costes a la realidad de la empresa».
El empresario, jubilado a sus 63 años, cree que la crítica viene porque con la reforma laboral los sindicatos han perdido poder, ya que no les basta con negociar un convenio del sector. En las multiservicios los sindicatos tienen poca implantación. Como en las tradicionales sí están y era impensable bajar salarios por debajo del mínimo del sector, lo han hecho las multiservicios. Martínez señala que si se han anulado decenas de convenios ha sido únicamente por un defecto de forma y matiza lo de que sean las culpables de la precariedad. «Más precario es estar en la cola del paro. Las empresas de multiservicios están haciendo una buena labor en el empleo, otra cosa es que haya gente rara, que la puede haber siempre. Ojo, que aplicamos la reforma laboral. Hay quien pone el SMI, pero eso lo ha habido toda la vida».
Sostiene que no es sucaso, que él no pagaba salarios por debajo de los 12.000 euros. «Si un peón de almacén cobra en una empresa entre 8.000 y 20.000 euros los nuestros igual cobran 3.000 menos. El concepto es muy bueno. Sacas a jóvenes del desempleo, los formas y luego se van. Hemos tenido mozos de almacén jóvenes que aprendían a manejar un toro elevador, sacaban el carné y a los dos o tres años se marchaban con algo».
Hay quien ha ajustado tanto que ni llegaba al Salario Mínimo Interprofesional. Randstad Project Services aprobó en 2014 un convenio cuyo salario más bajo era de 6.857,33 euros al año en 12 pagas. Eso son 571 euros al mes (por debajo del SMI, que ese año era de 654 euros). Tuvieron que publicar una corrección de errores en el BOE para llegar al mínimo. Entre las labores de la empresa está la de dar asistencia telefónica a los médicos de la sanidad pública valenciana cuando tienen un problema informático. Un total de 27 personas trabajan a turnos dando asistencia 24 horas al día.
«Más precario es estar en la cola del paro. Las multiservicios hacen una buena labor en el empleo»