En 2019 tres políticas han destacado en la Frontera Sur: la externalización, la militarización y la creación de los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) para efectuar con mayor rapidez las expulsiones.
“Y esto ha sido por ir a Casiago para intentar cruzar a Europa, para ayudar a mi familia. Estaban los militares y nos han masacrado. Ha habido muertos, pero estos son ocultados en frente de las cámaras. Los han escondido, nos han quitado los teléfonos porque hemos grabado los cadáveres. ¿Dónde están estos cadáveres? No los veremos jamás, los cadáveres de nuestros hermanos. ¿Dónde están los cadáveres?, jamás podemos ver los cadáveres. Vosotros europeos ¿creéis que nosotros no nos morimos? Y ¿a dónde van nuestros cadáveres?”.
Es el testimonio de S., un subsahariano que narra así la violación constante de derechos humanos que se está produciendo en Marruecos a causa de las políticas migratorias acordadas entre este país y el Gobierno de España para reducir el número de entradas al Estado español. Marruecos, según el informe Derechos Humanos en la Frontera Sur 2020, se ha convertido en un espacio de limbo -o macrocárcel- en la que se fomenta un racismo que afecta principalmente a la población subsahariana.
El colectivo activista No borders Granada reivindica el término de “persona aventurera” para describir la experiencia de quienes están en tránsito migrante. Lo hacen, según el informe, para deconstruir el concepto de persona migrante y la revictimización que la escasez de relatos completos produce: “Los aventureros conocen el racismo que les excluye de su condición humana, de tal modo que son asesinados en ausencia de delito, de duelo público, de un rastro discursivo del mismo, incluso en ausencia del propio cuerpo”.
Generar un rastro discursivo es, precisamente, uno de los objetivos que la investigación, realizada por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), persigue cada año. Hacer relato de las experiencias, los testimonios, las consecuencias de las decisiones políticas y los duelos no llorados en las fronteras así como la denuncia de la violencia invisibilizada.
Esta generación de relato se hace desde la dificultad que plantea el oscurantismo institucional que, según denuncia APDHA, pesa sobre los datos oficiales. El informe destaca la dificultad en el acceso a los datos del Ministerio del Interior, de la Delegación del Gobierno de Andalucía, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de los propios CETIs (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) para contrastar el número de personas que transitan por las diferentes rutas de la Frontera Sur.
La represión y las medidas institucionales llevadas a cabo en políticas migratorias se basaron el pasado año en tres pilares: externalización de las fronteras, militarización de salvamento marítimo y la creación de los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) para efectuar con mayor rapidez las expulsiones.
Externalización de las fronteras y cooperación represiva
Ana Rosado y Rafael Lara coordinan el informe que cuantifica y hace un análisis cualitativo de lo que ocurre cada año en la Frontera Sur. En esta ocasión, el balance migratorio de 2019 se inicia con un anuncio hecho en enero del pasado año por el Gobierno de España en el que informaba de un plan para reducir al 50 por ciento el número de llegadas de personas y embarcaciones a las costas del Estado. El año anterior, 2018, según indica la misma fuente, las llegadas estuvieron marcadas por el cierre del canal de Sicilia por parte de las autoridades de Italia, por la guerra en Libia y por los conflictos sociales en Marruecos, que provocaron la huida de miles de jóvenes. Concretamente, hace dos años, fueron 64.120 las llegadas registradas. El anuncio de la reducción se hace, indica la investigación, sin abordar las cuestiones de fondo que originan los movimientos migratorios.
La promesa informativa del Gobierno de España se cumplió en 2019 desde el punto de vista cuantitativo. Los datos registrados anunciaron una reducción de las llegadas en un 53 por ciento con respecto al año anterior: un total de 26.9161 personas. ¿Cuál fue la estrategia de la Comisión Delegada de Asuntos Migratorios? Entre las decisiones destaca pasar mayor responsabilidad a Marruecos en el control de las migraciones por su territorio, tanto en tierra como en su zona marítima. Lo que se conoce como “externalizar una frontera”.
Según Ana Rosado, esto es ampliar de manera literal y material la frontera del país propio (en este caso del Estado español) subcontratando y pagando a un país tercero para que ejerza control migratorio: “En el caso de Ceuta y Melilla, España paga a Marruecos para que la población migrante no llegue ni a la frontera de Ceuta ni a la de Melilla. Esa frontera que se amplía no está solo en territorio español sino que se extiende y tiene presencia dentro de Marruecos. La frontera se externaliza a un país tercero que no es miembro de la Unión Europea. Lo mismo hicieron en Libia y en Turquía. Siempre se subcontrata a estados que se encuentran en dictadura o que sufren las consecuencias de la colonización y la hipocresía de la Europa de los derechos humanos”.
Esta externalización de la frontera española se ha hecho a cambio de infraestructuras para dotar al país de procedimientos de detención, identificación y expulsión en las costas marroquíes. Concretamente, 140 millones de euros otorgados por la Unión Europea a Marruecos de los que parte han sido gestionados por el Gobierno de España. Por ejemplo, en junio de 2019 el Consejo de Ministros destinó 26 millones de euros a Marruecos para la compra de 7503 vehículos, 15 drones, decenas de escáneres y otros equipamientos técnicos para el refuerzo del control de sus fronteras. O, dicho de otra manera, para poder cumplir su promesa cuantitativa. “En ese plan elaborado bajo la batuta de la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo, los derechos humanos estaban totalmente ausentes”, afirma el coordinador del informe, Rafa Lara.
La segunda consecuencia de esta decisión de cooperación represiva entre países ha sido limitar las acciones profesionales de rescate de Salvamento Marítimo a su actuación a la zona SAR (Search and Rescue, en inglés) española, pese a que en 2018 rescató a 16.618 personas en la zona SAR marroquí. La APDHA califica esta decisión de criminal: “Marruecos ha asumido por primera vez el rescate de pateras en su zona SAR con medios precarios y sin profesionalidad alguna, porque tradicionalmente ha sido la tripulación de Salvamento Marítimo la que se ha encargado de rescatar a las personas en peligro, con autorización marroquí”.
Salvamento Marítimo, en caso de actuar en zona SAR marroquí, ha recibido órdenes de devolver a las personas migrantes rescatadas a puertos marroquíes. La entidad afirma que el personal de Salvamento Marítimo se encuentra al límite, por falta de medios materiales y humanos.
Asimismo, a esto se une la implementación del mando único de la Guardia Civil sobre las labores de Salvamento Marítimo. Desde mediados de año, las Fuerzas Armadas de España forman parte oficial de “la lucha contra la inmigración irregular” en aguas del Mar de Alborán y del Estrecho de Gibraltar en la operación EPN-Indalo, financiada por Frontex, la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas. El despliegue de Frontex, denuncia la entidad, no tiene asignada misión alguna de salvamento y rescate y supone un nuevo intento por desprofesionalizar las labores humanitarias y militalizar las fronteras.
Racismo sur-sur
El Gobierno español, para la APDHA, era y es plenamente consciente de que, al poner a Marruecos al frente de la gestión de la Frontera Sur europea, aumentaría la represión y la violencia hacia las personas de origen subsahariano.
No Borders Granada explica cómo se impulsó, en el Congreso Europeo de Tampere (1999) y en la Cumbre de Sevilla (2002), la idea de externalizar la Frontera Sur europea. La Unión Europea, como se ha apuntado antes, ofrece refuerzo económico a cambio de que países como Marruecos, Sudán o Turquía ejerzan de “estado tapón”.
En el caso de España, como afirma No Borders Granada en el informe, Marruecos desarrolla su función de “gendarme fronterizo” produciéndose en el territorio lo que denominan racismo sur-sur. Un racismo que lleva a cabo la población marroquí sobre la subsahariana residente en Marruecos. Así lo cuenta M., uno de los residentes subsaharianos en Marruecos: “Aquellos que estaban en movimiento intentando cruzar a Europa eran en todo momento interceptados por la policía. La población marroquí tampoco estaba habituada a ver personas con piel negra, era algo nuevo. Ellos advertían directamente a la policía”.
A pesar de que Marruecos es un país de paso y es vivido como una sala de espera para esta población, el objetivo de las políticas estatales es dilatar el tiempo de cruce hasta el punto de condenar a las personas a un estado de tránsito permanente, según el informe. Como un gran Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE) europeo.
La investigación apunta además a que la reducción de llegadas de pateras a costas del Estado español está íntimamente ligada a esta represión. Según Ana Rosado, el Gobierno de Marruecos prohíbe explícitamente a la población subsahariana vivir en el norte o tomar autobuses si no tienen su situación regularizada.
La Asociación Pateras de la Vida afirma que entre 11.600 y 12.000 personas migrantes han sido desplazadas hacia el sur de Marruecos forma extremadamente violenta, en medio de robos y palizas. Su destino son las ciudades como Errachidia, Erfurt, Beni-Mellal, etc.
En torno a 1.500 personas, según la misma fuente, han sido deportadas a sus países de origen. Y otra parte compuesta por varios miles de personas ha sido expulsada, según documentó la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) en Nador, hacia las fronteras de Argelia en la zona desértica. La investigación añade el desmantelamiento con violencia de los campamentos de personas migrantes en los bosques cercanos a las fronteras de Ceuta y Melilla. Una medida que se ha ejecutado para construir la tercera valla en suelo marroquí sobre la que se están montando las mismas concertinas que se están desmantelando del vallado en territorio español. Estas incrementarán su altura y contarán, según las estimaciones, con nuevos elementos disuasorios complementarios.
Además, estas políticas tienen como objetivo, según el abogado David Buckel citado en el informe, hacer invisibles en sus márgenes las desigualdades globales traídas a Europa por los movimientos migratorios. Para los viajeros del África Subsahariana, la externalización significa que los efectos violentos de la gestión de la migración ya se manifiestan en el tránsito.
Por otra parte, el Informe sobre la Frontera Sur recoge el concepto de racismo sur-sur. Según afirma, se trata de una discriminación estratificada de la población del sur global con respecto a otra población del sur global que consideran inferior por aporofobia o por el color de su piel. La investigación recoge que este racismo se genera como consecuencia del marco narrativo de las migraciones donde se ha criminalizado a las personas en tránsito migrante y donde específicamente Marruecos tiene el estatus de superioridad policial a la hora de controlar a la población subsahariana. El marco narrativo que trazan las políticas migratorias europeas fomenta que los estereotipos, prejuicios e ideología racial se difunda por Marruecos entre quienes ya sufren racismo de diferentes formas.
El refuerzo de los CATE
Hablamos de los CIEs, pero poco de los CATE. El plan diseñado a finales de 2018 para hacer frente al aumento de llegada de pateras contenía un incremento del número de los CATE en las costas andaluzas. En un tiempo récord, el litoral sur de la península se encontró con este tipo de instalaciones, más o menos provisionales, en Motril, Almería, Málaga y San Roque. Pese a su nombre, APDHA denuncia que no son centros de atención, sino centros de retención de las personas llegadas en patera, que asumen funciones de prolongación de comisarías. De hecho, las personas no pueden ser retenidas en sus instalaciones más de 72 horas.
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en agosto de 2018, declaró que estos centros tenían por objetivo garantizar un trato más humanitario hacia las personas migrantes recién llegadas. El informe muestra que la realidad de estos centros es distinta y que su objetivo no es otro que el de agilizar los procesos de expulsión y garantizar de manera más eficaz el objetivo de los CIEs. En definitiva, con los CATE se pone en marcha un sistema discriminatorio entre personas en situación de migración que proceden del Magreb y las que son de origen subsahariano estableciendo un doble sistema de gestión migratoria.
Esto es así porque los países del Magreb, esencialmente Marruecos y Argelia, facilitan en mayor medida la deportación por lo que diferenciar los procesos en instalaciones distintas aligera la deportación o las diferentes salidas. De las instalaciones policiales de las comisarías correspondientes se pasa, en los casos del Magreb, a la deportación directa o al CIE para su posterior expulsión. Las personas subsaharianas, cuyos países no ponen tantas facilidades para la deportación, entran a una ruta de gestión diferente a través de los CATE.
En 2016 únicamente se deportó al 29 por ciento de las personas internadas en los CIEs y, en 2017, al 37 por ciento. Sin embargo, en 2018 este porcentaje creció hasta el 58 por ciento. Las cifras totales también suponen un incremento, puesto que las personas deportadas desde los CIEs en 2016 fueron 2.205, en 2017, 3.286, mientras que en 2018 la cifra se incrementó a 4.582.
El Defensor del Pueblo andaluz, la APDHA y el propio Sindicato Unificado de Policía han denunciado en diferentes ocasiones deficiencias en las instalaciones y en el cumplimiento de derechos humanos básicos en estos centros. Además, los CATE no están sometidos a norma jurídica alguna. Como centro de detención, el de Málaga fue denunciado por tener celdas inferiores a las recogidas en la Instrucción 11/2015 de la Secretaría de Estado de Seguridad. El Gobierno negó que los CATE fueran centros de detención y que, por tanto, tuvieran que acogerse a la normativa.
En 2019, según el seguimiento de la APDHA, han sido 585 personas las personas que han perdido la vida intentando llegar al Estado español debido a una política de fronteras criminal que tiene su raíz en un orden colonial y racista. Desde aquel naufragio en las costas gaditanas en 1988 en el que apareció el primer cadáver en las costas de Tarifa, son más de 8.000 las personas a las que se les niega la vida y el duelo. Numerosas son también las víctimas indirectas -familiares y seres queridos- que esperan la aprobación de un visado que el Gobierno de España les niega para poder identificar a sus muertos.
En tiempos donde los duelos, las despedidas a nuestros familiares fallecidos y la necesidad de abrazar y tener cerca a nuestros seres queridos se han puesto en el centro del relato mediático a causa del estado de alarma sanitaria, siempre cabe hacerse la pregunta: ¿cuáles son las muertes que el Gobierno de España nunca llora?
Mar Gallego
Artículo publicado en PIKARA MAGAZINE.
