El calor insoportable no lo es tanto. El sol puede convertirse en fuego sobre tu cabeza si estás sobre un andamio, pero coge forma de día encantador si reposas en una lujosa habitación de un lujoso hotel en un lujoso complejo de tu lujosa, siempre lujosa, vida de rey. Por algo dicen que tienes sangre azul. Por algo te nombró Franco.
A esta misma hora, Juan Carlos I se encuentra –o se presume que se encuentra- en Emiratos Árabes Unidos. ¿Sorprende a alguien que el emérito, viejo amigo de dictadores, eligiese como destino una de las pocas monarquías absolutistas que quedan sobre la faz de la tierra? Hace ya varios años, tuve la inmensa suerte de encontrarme con unos cuantos documentos que relataban la colaboración que ese mismo rey Juan Carlos tuvo con la sanguinaria dictadura de Jorge Rafael Videla. Nada nuevo bajo el sol. Ni en La Zarzuela, ni en Emiratos Árabes Unidos.
Viajemos ahora a ese reino. ¿Sabía usted que si mañana la población emiratí tuviese intención de protestar contra la presencia de Juan Carlos de Borbón sería reprimida con gases lacrimógenos hechos en España?
Veamos los datos. En 2019, el Gobierno progresista de Pedro Sánchez autorizó la exportación de unos muy progresistas cartuchos lacrimógenos a Emiratos Árabes Unidos. Poco importó entonces que existiesen numerosos informes de organismos de derechos humanos relatando las violaciones a tales derechos por parte del régimen que hoy, claro está, acoge cordialmente a Juan Carlos de Borbón.
España mandó cartuchos para que el reino emiratí ahogase a los suyos, al tiempo que también permitió que se le mandasen armas para despedazar a la población de Yemen. Sí, ha leído bien: en plena campaña militar en territorio yemení, Emiratos Árabes Unidos ha comprado armamento español gracias a las autorizaciones concedidas por este progresista gobierno de Pedro Sánchez.
“En 2018, las exportaciones ascendieron a un total de 13,8 millones: 2,4 millones en municiones (granadas de mortero completas e iluminantes) y 11,4 millones en partes, piezas y repuestos para aviones de transporte y para aviones de reabastecimiento en vuelo y componentes de cámaras infrarrojas, todos ellos susceptibles de ser usados en la campaña aérea de bombardeos en Yemen”, puede leerse en un reciente informe de Armas Bajo Control, plataforma integrada por Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, FundiPau y Greenpeace.
El negocio continuó en 2019. Durante el año pasado, el Ejecutivo autorizó 23 licencias de exportación de material de defensa por valor de 42,5 millones de euros. Armas ligeras, munición, sistema de dirección de tiro, vehículos, aeronaves, equipos electrónicos y tecnología forman parte de la lista de la compra. En total, las ventas de productos militares alcanzaron los 179,19 millones de euros.
Armas Bajo Control destacaba en ese informe que “si el Gobierno sigue autorizando exportaciones a estos destinos pese al riesgo sustancial de uso contrario al derecho internacional”, corre serio riesgo de “ser cómplice de la comisión de crímenes de derecho internacional, una cuestión que, eventualmente, puede tener consecuencias jurídicas”.
Allá está Juan Carlos I. Allá está, codeándose con los que hacen millonarios negocios con la industria militar española. Un negocio millonario a costa de la vida de tantas y tantas personas que nunca, jamás, podrán saber que un día se escribieron estas líneas.
Suspender las transferencias de armas a Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos e Israel y revocar las autorizaciones de exportación en las que exista un riesgo sustancial de que podrían utilizarse para cometer o facilitar atrocidades en Yemen y los Territorios Palestinos Ocupados.
en el primer semestre de 2018, el Gobierno de Rajoy autorizó 10 licencias de exportación de material de defensa a EAU por valor de 239 millones €, desglosado en armas ligeras (por valor de 0 €), 3 millones € en municiones y 236 millones €, una cantidad importante, en aeronaves, incluidos cinco aviones de transporte militar autorizados en mayo de 2018 por valor de 183 millones.
Por su parte, en el segundo semestre de 2018, el Gobierno de Sánchez autorizó 14 licencias por importe de 39,1 millones en las categorías de aeronaves (30 millones) y equipos electrónicos (9,1 millones), lo que supuso un total anual de 24 licencias por valor de 278,13 millones.
En 2018, las exportaciones ascendieron a un total de 13,8 millones: 2,4 millones en municiones (granadas de mortero completas e iluminantes) y 11,4 millones en partes, piezas y repuestos para aviones de transporte y para aviones de reabastecimiento en vuelo y componentes de cámaras infrarrojas, todos ellos susceptibles de ser usados en la campaña aérea de bombardeos en Yemen. Todas estas exportaciones se realizaron en el segundo semestre del año, excepto 867.623 € de la categoría de aeronaves para las Fuerzas Armadas.
En 2019, el Gobierno autorizó 23 licencias de exportación de material de defensa, por valor de 42,5 millones, desglosados en las categorías de armas ligeras, munición (13,5 millones), sistema de dirección de tiro (21,6 millones), vehículos (83.520 €), aeronaves (61.940 €), equipos electrónicos y tecnología (7,2 millones). Las exportaciones realizadas en 2019 superaron los 179,19 millones. 160 de ellos correspondían a la categoría de aeronaves, incluidos cuatro aviones de transporte por valor de 142,9 millones de euros y repuestos para aviones de transporte, 9,4 millones a munición (ocho sistemas lanzagranadas con sus municiones y maquetas para demostración, granadas de mortero), además de una cantidad pequeña (75.216 €) en repuestos para vehículos blindados, transferencia de tecnología de diseño para avión de entrenamiento (285.282 €), sistemas de vigilancia radar y de comunicaciones (9,1 millones €) y armas ligeras (0 €). De las exportaciones realizadas el 99,8% fue destinado a las FF.AA. y el 0,2% a la empresa privada.
En cuanto a la exportación de material antidisturbios a EAU, es llamativa la autorización de cartuchos lacrimógenos para la policía de los Emiratos, por valor de 0 €, en 2019, pese a las restricciones a la libertad de expresión y la detención, encarcelamiento, tortura y desaparición forzada de personas críticas que denuncia AI en su último informe anual.
Danilo Albín
Publicado en CNT BILBO SINDIKATUA
