CNT Córdoba
Ante la reciente aprobación por parte del Gobierno del Anteproyecto de Ley sobre Memoria Histórica y Democrática, CNT-Córdoba desea comunicar a la opinión pública la siguiente valoración preliminar:
Saludamos la promulgación de esta Ley y esperamos un pronto desarrollo (con recursos económicos y humanos) por recoger muchas de las reivindicaciones históricas de las organizaciones memorialistas. De esta manera, la asunción por parte del Estado de sus responsabilidades (en especial la de las exhumaciones de fosas comunes), como obliga la legislación internacional en Derechos Humanos; La elaboración de un censo oficial de víctimas del franquismo; La creación de un banco de ADN de desaparecidos; La nulidad de los juicios sumarísimos franquistas; La protección y apertura de archivos (facilitando acceso a registro civiles y documentos posteriores a 1968); La reparación al trabajo-esclavo llevado a cabo por presos políticos; La aparición de una fiscalía de la Memoria; la elaboración de planes plurianuales… son aspectos positivos. Todo ello (al parecer) huyendo de falsas equidistancias que otras legislaciones en la materia proclaman.
No obstante quisiéramos hacer las siguientes consideraciones:
La Ley llega tarde (demasiado tarde) y no toca la llamada Ley de Amnistía de 1977, fundamento de la Transición que impide juzgar los crímenes franquistas. Aunque señala la importancia del movimiento memorialista (y su inclusión en un Consejo de Memoria Democrática como órgano consultivo) no queda del todo clara la necesaria participación de este movimiento en todo el proceso de búsqueda de Verdad, Reparación y Justicia para las víctimas de la dictadura franquista, y cómo quedaría articulada esa participación (habida cuenta que el trabajo y presencia de este movimiento ha sido, y debe seguir siendo, fundamental y nuclear). También falta, a nuestro entender, un reconocimiento específico y de reparación hacia la Guerrilla Antifranquista.
Otro aspecto que consideramos equivocado, es la utilización del término “memoria democrática” en un aparente intento de buscar los antecedentes del actual régimen de monarquía parlamentaria en la II República, obviando precisamente la ausencia de una ruptura democrática entre el actual régimen y la dictadura y el carácter impuesto de la actual monarquía, heredada de la dictadura por decisión del dictador.
De esta forma, parece ponerse por encima del hecho de haber sido víctima del franquismo, el haber defendido unos “valores democráticos”, oportunamente asimilados a la defensa del actual régimen y su Constitución, olvidando precisamente, las convicciones republicanas de la inmensa mayoría de los represaliados por el fascismo, convicción íntimamente ligada a su concepción de los “valores democráticos”, y, aún peor, “olvidando” que buena parte de los represaliados por el franquismo, especialmente aquellos que formaban parte del movimiento libertario, y que también sufrieron exilio, cárcel y violencia bajo la II República, lo fueron por haber defendido la revolución social, la emancipación de la clase trabajadora y la democracia directa, aspiraciones que iban mucho más allá del actual régimen representativo, burgués y capitalista. Olvidarlos, o lo que es peor convertirlos en lo que no fueron, es contrario a lo que debe buscar una ley de memoria. Por ello “Memoria de la lucha antifranquista o antifascista” hubiera sido un término más correcto a nuestro entender.
Por último, volvemos a señalar como lo más importante que, como en toda ley, si no se desarrolla y se dota de presupuesto, servirá de bien poco (ya tenemos el ejemplo con la Ley de 2007 de Zapatero) y que ya no hay tiempo para retrasos de ningún tipo, por lo que estaremos expectantes y alerta al articulado final y a su desarrollo y puesta en práctica.
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